7. Los Estados no pueden prohibir acciones de manifestación pacífica, impedirlas, censurarlas o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra sus participantes. Específicamente, los Estados deben abstenerse de:

1. Presumir de antemano su carácter desfavorable, incluso si hubiere antecedentes, o descalificarlas como actos de “desorden público” o “desestabilización”;
2. ilegalizarlas mediante la delimitación de zonas de reserva que justifique su criminalización y la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad;
3. Ordenar toques de queda, medidas de bloqueo de las rutas o impedir el acceso a las sedes de las instituciones públicas;
4. Utilizar “infiltrados” con el objeto de  provocar desorden y justificar el empleo de la violencia;
5. Permitir la cercanía de grupos contrarios a los manifestantes y protegidos por los cuerpos de seguridad; y
6. Permitir la colocación de mensajes y música en los lugares de concentración, contrarios al de los manifestantes.