Uso o aprovechamiento de las personas o de bienes ajenos, con la intención o el resultado de causar perjuicios o de menoscabar el ejercicio de derechos. El exceso es un criterio para determinar abuso cuando se verifica desproporción o desequilibrio entre medios y fines. Cuando estos excesos se cometen en relaciones de deber o dependencia se trata de un abuso de poder. Éste es aquel donde personas investidas de poder o de autoridad se otorgan a si mismas facultades o atribuciones que no le corresponden o escapan a los objetivos y funciones que pueden ejercerse de acuerdo con las leyes. Son delitos de abuso de poder en la administración pública: malversación de fondos, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y corrupción política. El abuso también está muy relacionado con la arbitrariedad, el uso desproporcionado de la fuerza o de la violencia por parte de funcionarios en el ejercicio de sus funciones. La ausencia de leyes o disposiciones vagas o abiertas que no pongan límites a la autoridad pública, favorece conductas abusivas que pueden convertirse en violaciones de derechos humanos.