Derecho protegido internacionalmente, conforme al cual toda persona debe tener libre acceso a la información en poder de los organismos públicos. Comprende los registros de que disponga cada organismo, independientemente de la forma en que estén almacenados. El acceso a esta información es indispensable para la protección y defensa de derechos humanos; el bienestar de las personas y de la sociedad; la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas; y la participación ciudadana en la formulación, ejecución, evaluación y control de leyes y políticas públicas.