Conjunto de principios en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, y el propio Estado, están sometidas a las leyes promulgadas públicamente (primacía de la ley), las cuales se hacen cumplir por igual (igualdad ante la ley) y se aplican con independencia (imparcialidad). Estas leyes deben ser compatibles con las normas internacionales de derechos humanos, e implica que se garantice: rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.