Toda información en poder del Estado y aquella que sus órganos deben producir en función de sus responsabilidades con la protección de derechos humanos, el bienestar y la seguridad de todas las personas en el territorio de su jurisdicción. Comprende los registros de que disponga cada organismo, independientemente de la forma en que estén almacenados. El acceso a esta información es indispensable para la defensa de derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas y la participación ciudadana.