Actos que lesionan, limitan o privan a las personas de uno o varios derechos protegidos por los Tratados internacionales de derechos humanos, los cuales el Estado consintió o instigó, ignoró su sanción, se abstuvo de impedirlos o no garantizó su goce efectivo. El término se usa para indicar las acciones u omisiones imputables a cualquier poder u órgano del Estado que compromete sus responsabilidades constitucionales e internacionales con los derechos humanos. Existen criterios para imputar estas violaciones (Principios de Limburgo y Directrices de Maastricht), para las cuales no se requiere determinar los autores, su culpabilidad o intencionalidad. Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste.