Leyes, políticas y procedimientos restrictivos que generalmente se describen como medidas de “seguridad” y las cuales obstaculizan la labor de los defensores y las OSC, o se aplican directamente a las personas que realizan estas labores. Ejemplos de estas violaciones son:

1. Prohibición de viaje dentro del país o a otros países.
2. Procedimientos deliberados que retrasan, limitan o impiden el registro de OSC o la realización de trámites legales; y suspensión o clausura arbitraria de OSC.
3. Impedimentos para la celebración de reuniones y obstáculos para tener acceso o comunicar información.
4. Retiro o corte de fuentes de financiamiento; y leyes u otras normas que imponen fines, reglamentaciones o barreras financieras a las OSC o que prohíben o restringen la recepción de fondos internacionales.

Medidas arbitrarias que impiden la labor de defensa, o tienen la intención de destruir los medios de trabajo de los defensores y de las OSC. Algunas violaciones de este tipo son:

1. Cierre o expropiación de locales, establecimientos y terrenos; allanamientos sin debido proceso, y  confiscación de equipos y archivos (computadoras, documentos, fotografías y dispositivos USB).
2. Congelamiento de cuentas bancarias.
3. Limitaciones o impedimento de acceso a Internet o a los servicios internacionales de correo electrónico.
4. Robos y atracos de oficinas o de hogares, por parte de terceros que tienen vínculos con el Estado.