Generalmente, la labor de defensores y de organizaciones de la sociedad civil en el campo de los derechos humanos, es incómodo y percibido como una posible amenaza por parte de gobiernos y de actores no estatales con cierto grado de poder. Dado que la defensa de los derechos humanos no hace distinción entre personas, por su condición, pensamiento o creencia, y es su carácter la denuncia, la crítica y la exhortación pública sobre las debilidades y las prácticas violatorias de obligaciones con los derechos humanos por parte del Estado, las excusas, estigmatizaciones y cuestionamientos aducidos con mayor frecuencia para cometer actos en su contra son:

1. Que no representan los verdaderos “intereses del pueblo”.
2. Que forman parte de partidos o de grupos de oposición política.
3. Que defienden intereses de particulares.
4. Que no son democráticos ni participativos en la elección de representantes y decisiones.
5. Que no son transparentes en sus mecanismos de rendición de cuentas.
6. Que incitan a desafiar o subvertir la autoridad de las instituciones o de las leyes.
7. Que fomentan el desorden público o desestabilizan.
8. Que promueven valores ajenos a la cultura o a las tradiciones.
9. Que ofenden la moral pública o hacen daño a la salud colectiva.
10. Que violentan los derechos de otras personas que no comparten las exigencias de las personas o grupos a los que se defiende.