– Un ambiente de pluralismo, tolerancia y respeto en el que la defensa de derechos humanos pueda llevarse a cabo sin riesgo para la vida, la libertad o la integridad física y psicológica de quienes ejercen esta labor, y sin ninguna forma de restricción, incluyendo el acoso, la intimidación o el temor a represalias.

– La existencia de políticas públicas y planes de desarrollo que adopten los estándares de los derechos de la sociedad civil, y estén dirigidos a trabajar en conjunto con las OSC como actores co-participantes independientes del desarrollo.

– El apego de los poderes públicos a marcos jurídicos y prácticas gubernamentales no injerencistas en la actuación de la sociedad civil, que incluso en sistemas políticos democráticos, pueden llegar a usarse discrecionalmente con fines represivos o restrictivos.

– Las relaciones cercanas y la apertura frecuente de espacios de diálogo entre la diversidad de actores de la sociedad civil y el Estado, sin condicionamientos ni discriminaciones que puedan comprometer su independencia y autonomía.

– El respaldo de los Estados a iniciativas de financiamiento para apoyar el fortalecimiento institucional y las labores de la sociedad civil, en el marco de acuerdos de cooperación con donantes nacionales e internacionales en forma transparente y basados en compromisos con la democracia y los derechos humanos.