La participación es un derecho protegido, propio de sociedades democráticas en las que se asume que la palabra de los ciudadanos es el sustento de la legitimidad del Estado y asiento permanente de las decisiones públicas. El poder político –aquel encargado de tomar decisiones que conciernen a los asuntos de interés público– reside intransferiblemente en la soberanía del pueblo. De esta soberanía emanan los órganos del Estado y a ella están sometidos.

En este sentido, el derecho a la participación es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar, puesto que de su pleno ejercicio depende la efectiva y genuina manifestación de la voluntad ciudadana en las acciones del poder político. La participación adopta diversas formas mediante actuaciones individuales o colectivas de los ciudadanos sobre cualquier asunto con repercusiones en la vida pública y requiere para su protección ser ejercido como derecho a través de procesos libres, autónomos, independientes y democráticos. Son derechos de participación:

El derecho a participar en procesos electorales referidos a la postulación y elección de cargos públicos y la votación de asuntos sometidos a consulta popular.
El derecho a ser consultados previamente, a ser escuchados y a que sus ideas y opiniones sean efectivamente consideradas en procesos de formación, ejecución y evaluación de decisiones, medidas o actos de los poderes públicos.
El derecho de petición a los órganos y organismos encargados de los asuntos públicos por motivo de violaciones a los derechos o perjuicios al bien público.
El derecho de iniciativa popular para presentar o solicitar proyectos de ley ante los parlamentos nacionales, estadales o locales.
El derecho del control ciudadano independiente sobre actos de gobierno y solicitud de sanciones cuando haya violación de derechos o perjuicios al patrimonio público.