Las Directrices de Maastricht referidas al Pacto Internacional Derechos Económicos Sociales y Culturales, establece que el Estado viola estos derechos en las siguientes circunstancias:

1. La anulación o suspensión de cualquier ley necesaria para seguir ejerciendo un derecho.

2. La denegación activa de los derechos a determinados individuos o grupos mediante actos de discriminación legislada o impuesta.

3. El apoyo activo a cualquier medida adoptada por terceros que sea contraria a los derechos.

4. La aprobación de leyes o políticas claramente incompatibles con las obligaciones legales relativas a los derechos, salvo que el propósito y efecto sea aumentar la igualdad y mejorar la realización de los derechos de los grupos más vulnerables.

5. La adopción de cualquier medida intencionalmente regresiva y que reduzca el nivel de protección de cualquiera de los derechos.

6. La obstaculización o interrupción intencional de la realización progresiva de un derecho, salvo cuando el Estado actúe dentro de los parámetros de una limitación estipulada en el Pacto, debido a la falta de recursos o por fuerza mayor.

7. La reducción o desviación de un gasto público específico, cuando ello imposibilita el goce de los derechos y no se adopten medidas adecuadas que aseguren a todos la subsistencia mínima.