Es un deber de los ciudadanos respetar los derechos humanos, pero la obligación de velar porque éstos se respeten y de garantizarlos eficazmente compete al Estado, porque es la institución con poderes y facultades en un marco democrático para procurar y resguardar el bien común de las personas, de acuerdo con los principios de legalidad, igualdad, no discriminación y transparencia; y es el sujeto obligado que responde internacionalmente por los derechos de los ciudadanos en su jurisdicción.

Un acto en el cual se lesionó, limitó indebidamente o privó de uno o varios derechos, es un delito que puede ser cometido por agentes públicos o privados, nacionales o locales, y deben aplicarse sanciones a los responsables de acuerdo con el derecho penal interno, pero la responsabilidad constitucional e internacional de que ese acto no se sancione o de que no se hayan hecho los esfuerzos necesarios para prevenirlo o impedirlo recae en los Estados. De no ser así, privaría la impunidad y la desigualdad ante la ley.

En este sentido, el término de violación de los derechos humanos se refiere a «…la acción o la omisión de un servidor público (o de una persona particular que actúa bajo la instigación o con el apoyo o la aquiescencia de las autoridades) con la cual se afecta cualquiera de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos» –Obligaciones de Estados y Particulares en Derechos Humanos (OACDH Colombia).

Existen criterios internacionales para determinar violaciones de derechos humanos. Su imputación a un Estado no requiere -como en el derecho penal interno- de la culpabilidad de los autores o de su intencionalidad, ni es preciso identificar los agentes que las cometieron. Es suficiente que el Estado haya incumplido alguna de sus obligaciones. El derecho internacional humanitario permite sancionar hechos contra los derechos humanos de grupos no estatales, sin romper la norma de que las violaciones sólo son imputables a los Estados.