La condición de persona humana es inalienable y exigible a todo aquel con poder para tener efectos sobre ella. A los Estados corresponde la obligación de responder por los derechos humanos, porque es suya la tarea de garantizar al máximo de sus posibilidades el bienestar y la seguridad de todas las personas en el territorio de su jurisdicción. En el derecho internacional, los Estados están sujetos jurídicamente a esta obligación en dos sentidos: cumplir con medidas positivas (proporcionar) o medidas negativas (abstenerse) según lo exija cada derecho; e impedir que cualquier persona (pública o privada, individual o colectiva, física o jurídica) viole los derechos. Su declinación a estas obligaciones generalmente conduce a violaciones o restricciones indebidas de los derechos humanos, y conlleva a legítimas oposiciones por parte de las personas, sanciones a los responsables y debidas reparaciones a las víctimas. Estas obligaciones se traducen en las siguientes garantías:

1. De reconocimiento y promoción: es reconocer legalmente los derechos y promover su desarrollo en la sociedad conforme a las normas internacionales de derechos humanos.
2. De respeto: es abstenerse de violar los derechos y asegurar que sus autoridades y representantes los respeten, incluyendo no interferir en su disfrute, no impedir su cumplimiento y no aplicar medidas regresivas.
3. De protección: es el deber jurídico propio de velar por el respeto de los derechos entre terceros o particulares, incluyendo prevenir violaciones y prever remedios eficaces y efectivos en caso de haberlas.
4. De satisfacción inmediata: es cumplir con mínimos esenciales de los derechos, satisfacer los no sujetos a logros progresivos, eliminar la discriminación, reparar las violaciones y derogar o suspender medidas regresivas.
5. De realización: es adoptar medidas apropiadas para la realización progresiva de los derechos hasta el máximo de recursos de los que se disponga.