El  Informe Defensa de la Sociedad Civil, 2012 (ICNL y Movimiento Mundial para la Democracia) advierte “…muchos gobiernos han sido cada vez más sutiles en cuanto a sus esfuerzos dirigidos a restringir el espacio en el que funcionan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), especialmente los grupos de fortalecimiento a la democracia y de derechos humanos…».

De esta manera, a los métodos tradicionales de persecución, supresión de organizaciones y detenciones arbitrarias de activistas, se han sumados nuevos métodos mediante el uso de leyes restrictivas incompatibles con los estándares internacionales de legalidad.

Estas leyes se usado con la intención de obstaculizar la libertad de asociación, las actividades de participación en las decisiones públicas, la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, la comunicación y la cooperación con otros, la celebración de reuniones pacíficas y la obtención de recursos.

Señala el mismo informe que “Los gobiernos han intentado justificar y legitimar estos obstáculos, aduciendo que los mismos son necesarios para aumentar el grado de rendición de cuentas y la transparencia de las OSC, armonizar o coordinar las actividades de éstas, cumplir con los intereses de seguridad nacional al contrarrestar el terrorismo o el extremismo, y/o defender la soberanía nacional contra la influencia extranjera en los asuntos internos”.